El Senado da luz verde a la Ley de Protección del Consumidor vulnerable, que establece el etiquetado en braille

El Pleno del Senado aprobó el 16 de febrero, con 157 votos a favor, cinco en contra y 103 abstenciones, el Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, que se tramita por el procedimiento de urgencia y que, entre otras cuestiones, establece el etiquetado en braille para productos e insta al Gobierno a legislar contra la exclusión financiera a las personas mayores en un plazo de tres meses. El texto que debe volver al Congreso para su aprobación definitiva, llegó a esta cámara el 28 de diciembre de 2021 y recibió 128 enmiendas -cinco de las cuales fueron inadmitidas- por parte de los diferentes grupos que, en el transcurso del debate, agradecieron las aportaciones al proyecto por parte del CERMI y la ONCE.

Una delegación de CERMI asistió en directo a la aprobación en el Pleno de la Cámara Alta, para además poner de relieve el importante papel del Senado como institución que apoya al CERMI en su labor de incidencia política, como manifestó la propia directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino.

De esta manera, la normativa regulará el etiquetado en braille de los productos de consumo como medio de protección de los derechos de los consumidores con discapacidad visual que conocen y usan este sistema de lectoescritura. Además, definirá otros formatos que garanticen la accesibilidad universal, de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.

CERMI considera esenciales el sobrecoste vinculado a la discapacidad, la necesidad de garantizar la accesibilidad a la información y el etiquetado de los productos ecológicos lo que han catalogado como “un salto en accesibilidad visual”.

Con la aprobación por parte del Senado, culmina el trámite parlamentario del Proyecto de Ley, en cuyo proceso de gestación, avance y adopción final, el movimiento social de la discapacidad representado por el CERMI y sus organizaciones, como la ONCE, ha tenido un papel determinante.

Tras la aprobación en el Senado, la iniciativa contará con el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, para desarrollar reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille.

Amplio respaldo político

La plataforma de la discapacidad celebra que “la iniciativa haya contado con un amplio respaldo en el Senado” y añade que “desde la organización, seguirán planteando medidas para tener presente las necesidades de las personas con discapacidad como usuarias de bienes de consumo”.

La senadora socialista María Esther Carmona, defendió que se trata de una “ley eminentemente social y garantista, que protege y mejora la igualdad en las relaciones de consumo cuando realmente son más desiguales” y anunció que, tras un “arduo trabajo”, su grupo elaboró diez enmiendas transaccionales con el “único objetivo” de “mejorar la calidad de vida de los consumidores vulnerables” y “dotar de una mayor protección a las personas con discapacidad” que, a su entender, “necesitan específicamente unos soportes accesibles y comprensibles para ellas”.

“Debemos permitirles optar y adoptar sus decisiones de consumo de forma óptima”, abundó, para, a continuación, hacer suya la propuesta del CERMI y Fundación ONCE para que el Gobierno desarrolle reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille en productos de consumo “de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida especialmente de las personas que padecen discapacidad visual o ceguera como consumidores vulnerables”.

“Es un gran e importante avance para la supresión de barreras”, defendió, para recordar que actualmente en España y Europa “solo es obligatorio distinguir a través del braille los envases y embalajes para medicamentos” y que la información “no siempre es accesible para estas personas”, tal y como ocurre, a su entender, “con algunos productos de consumo masivo”, originando con ello “barreras en la compra y de su uso”.

Asimismo, hizo hincapié en la transaccional acordada por todos los grupos sin Ciudadanos ni Vox por la que se introduce una disposición final con un Plan de medidas para favorecer la inclusión financiera de las personas más vulnerables y “especialmente” de las personas de mayor edad, que insta al Gobierno a promover, en un plazo de tres meses, “las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por brecha digital”.

“Las personas mayores no se sienten bien tratadas por las entidades financieras”, abundó, para abogar por “buscar soluciones que mejoren un trato personalizado, el que merecen los mayores” y exigir “corresponsabilidad de todas las entidades financieras”. “Debemos procurar que esta sea una realidad, sobre todo en las zonas más despobladas”, aseveró, para señalar que el texto, que definió como una ley “social y humana”, también propone que las empresas puedan disponer de un periodo transitorio para “cumplir con sus nuevas obligaciones en relación con la accesibilidad y legibilidad” en los contratos con consumidores que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, “equiparando el texto legal a los vigentes en otros países del entorno”.

En la misma línea, el también socialista Manuel Ángel Fernández afirmó que las aportaciones del Cermi permitirán dar “un salto en accesibilidad para las personas con discapacidad visual que hace tiempo nos podría parecer muy lejano” con la puesta en marcha de la “generalización” del etiquetado en braille, si bien urgió a “no dejar de dar pasos en pro de la accesibilidad universal”, consciente de que con la medida se ha dado “es muy importante” para mejorar la situación del casi 40% de personas que son consumidores vulnerables en España.

El senador afirmó que se trata de una “oportunidad” para la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal, para que ese porcentaje de consumidores “dejen de tener indefensión en las relaciones de consumo y para continuar trabajando por la inclusión financiera de las personas mayores. Estamos ante uno de esos hitos históricos que pudieran parecer pequeñitos a priori pero que la fuerza de la dignidad de las personas transforman en todo un faro para el trabajo político, uno de esos hitos en los que no podemos fallar”, sentenció.

Por el PP, el senador Bienvenido de Arriba urgió a “prestar especial atención a la protección de los consumidores en el ámbito financiero, el sector energético y de las nuevas tecnologías” y se preguntó si “esto es una prioridad para el Gobierno, a la vista de este proyecto de ley”, al estimar que se trata de un “miniproyecto de ley a todas luces insuficiente porque no protege de forma real y efectiva a los consumidores y que presenta numerosas carencias, que llega tarde a pesar de las urgencias, sin los informes preceptivos y sin coordinación”.

Por ello, el PP ha presentado 18 enmiendas con la intención de “mejorar” el texto refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios que, entre otras cosas, proponen mejorar la protección en materia de accesibilidad y de información “comprensible” en el etiquetado, en la información en ofertas comerciales y en la información previa a los contratos “por la importancia capital de preservar la accesibilidad”.

Los ‘populares’ presentaron en concreto dos enmiendas de adición, una primera transaccionada referida a la atención personalizada al consumidor vulnerable en los servicios financieros de banca, garantizando que las entidades financieras presten una atención personalizada a los consumidores en situación de vulnerabilidad que los demanden sin discriminación alguna ni motivada por la brecha digital.

La segunda está referida a la atención al consumidor vulnerable a los servicios financieros en el medio rural y propone que Correos y las entidades bancarias, mediante convenios, faciliten que dichas entidades bancarias presten sus servicios financieros a través de las oficinas de Correos o Unidades Móviles Financieras para dar cobertura suficiente en el medio rural donde no existen sucursales ni cajeros automáticos.

“No se puede retrasar la solución a un problema que ha acelerado la pandemia como la falta de accesibilidad a estos servicios por parte de los mayores y las personas que viven en el medio rural, un grave problema que nunca puede suponer una barrera”, apostilló, para reclamar, además, que se dé información sobre atención al cliente en el etiquetado, se aseguren oficinas de atención al cliente accesibles para personas con dificultades de movilidad o que se agraven las sanciones “cuando se atente en materia de defensa de los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad”, entre otras cuestiones.

En paralelo, exigió un proyecto de ley de medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, la convivencia vecinal y protección de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, además del impulso de las reformas legales oportunas para “combatir de manera efectiva" dicha ocupación.

Su compañera Paloma Inés Sanz lamentó que la ley “llegó muy coja y no trataba muchos asuntos”. “Llega tarde y es muy insuficiente, sin ninguna eficacia ni efectividad en nada de lo que regula y, además, con muchísimas y grandes carencias y el denominador común de la incongruencia con el tema original de la ley”, abundó, convencida también de que, en materia de vivienda, “lo único que hace es garantizar que se pueda ocupar un inmueble y atacar el principio de propiedad privada”.

Por último, los representantes de los grupos parlamentarios han intercambiado impresiones con la delegación del CERMI y se han felicitado mutuamente por “un logro que enriquece y hace más justo a este país en la esfera de los derechos humanos de las personas con discapacidad”.

Una vez aprobado en la Cámara Alta, el proyecto debe ser de nuevo votado en el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva como ley.