Dos guías ayudarán a mujeres con discapacidad visual o con sordoceguera en el acceso a procesos judiciales

El Grupo Social ONCE y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid presentaron, el pasado 17 de diciembre, en la sede de la Delegación Territorial, dos guías para facilitar el acceso a la Justicia a las mujeres con discapacidad visual o sordoceguera, así como a los profesionales que trabajan en este ámbito, pues actualmente ellas no participan de los procesos judiciales en igualdad de condiciones. Bajo el lema “Justicia sin enredos” ambas instituciones han estado implicadas en la elaboración de estas dos guías sencillas y accesibles: una de ellas dirigida a mujeres con discapacidad visual o sordoceguera, cuya finalidad es favorecer que accedan y participen en los procedimientos judiciales con los apoyos y ajustes necesarios; y la otra, dirigida a los profesionales del ámbito judicial, para que conozcan cómo pueden prestar un mejor servicio teniendo en cuenta la discapacidad de estas mujeres.

En la presentación de la iniciativa, orientada a la promoción de la igualdad de género, especialmente necesaria en situaciones de violencia, participaron la ministra de Justicia, Pilar Llop; el decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, José Antonio Luengo; los vicepresidentes del Grupo Social ONCE Alberto Durán y Patricia Sanz; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; el director general de Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad, Jesús Martin Blanco; y María José Segarra, fiscal de sala de la Unidad Coordinadora de Atención a personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía General del Estado. En la mesa redonda también intervinieron Nuria Mateos, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y Cristina, una mujer con sordoceguera que lleva años lidiando con la accesibilidad en la justicia. El acto estuvo conducido por la periodista Susana Burgos. Entre los asistentes, el delegado territorial de ONCE Madrid, Luis Natalio Royo, y la presidenta del Consejo Territorial, Teresa Rodríguez.

Pilar Llop durante su intervenciónLlop destacó que “la Justicia tiene que ser el bastión” que vele por los derechos y libertades de todos y todas, especialmente de estas mujeres, y aseguró que “es la Justicia la que se tiene que adaptar a las personas con discapacidad y no al revés, para evitar así cualquier tipo de discriminación” .

Recordó que su Ministerio trabaja en una “protección más eficaz para estas mujeres”, por ejemplo a través del proyecto de modernización Justicia 2030, que logrará un “auténtico servicio público universal accesible en cualquier lugar del territorio” y felicitó al Grupo Social ONCE y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. “Necesitamos que las personas con discapacidad formen parte de la toma de decisiones así que enhorabuena por este trabajo y estas guías que nos orientan a todos y todas”.

En el mundo hay 1.100 millones de personas con pérdida de visión, de las que cerca del 55% son mujeres y niñas. En España, la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia muestra que 979.200 personas presentan algún grado de discapacidad visual, y más de 71.000 de ellas tienen deficiencia visual grave o ceguera. Más de la mitad, son mujeres.

Necesidades específicas

Las mujeres con discapacidad se enfrentan al riesgo de sufrir una discriminación múltiple por razón de género y de discapacidad, y merece especial atención conocer las dificultades que actualmente se encuentran en el acceso a la Justicia. En el caso de Cristina, por ejemplo, asegura que después de diez años de proceso judicial su experiencia “ha sido dantesca, aunque no sé hasta qué punto mi sordoceguera ha afectado a todo este proceso judicial, pero sí me he sentido en total desventaja” . A la vulnerabilidad que supone enfrentarse a un procedimiento judicial, hay que añadir que abordan estas situaciones, de alto impacto personal, con desconocimiento del proceso, y sin contar en muchas ocasiones con los apoyos necesarios para poder participar en ellos en igualdad de condiciones.

En este sentido, Victoria Rosell hizo referencia a la Ley 8/2021, de 2 de junio, de reforma de la legislación civil y procesal de protección a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, en la que se prevé la existencia de la figura de ayuda a las mujeres con discapacidad, de forma que puedan ser un “sujeto de derecho y no un objeto de derecho” .

Estas guías responden al compromiso del Grupo Social ONCE y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid con la igualdad de oportunidades, la prevención y la intervención sobre cualquier manifestación de discriminación experimentada por las mujeres, en línea con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto al derecho de acceso a la Justicia. De ahí que las guías tengan ese doble enfoque, de dirigirse directamente a las mujeres y también a los profesionales del ámbito judicial, para que juntos/as puedan construir realidades más accesibles e igualitarias. Al tener ese doble objetivo, las guías son, según afirma Mª José Segarra, “un instrumento docente maravilloso”, aunque considera que “hay por delante mucha labor de sensibilización, no solo entre los operadores jurídicos, sino que tenemos que empezar a contar con toda la sociedad” .

Las mujeres con discapacidad visual o sordoceguera afrontan a diario numerosas dificultades y obstáculos y en la guía dirigida a ellas se identifican las adaptaciones y apoyos que pueden solicitar durante el desarrollo de los procedimientos judiciales; se detallan las situaciones que pueden experimentar si son víctimas de un delito; se dan a conocer sus derechos; y se informa de la secuencia de las fases procesales, la estrategia de apoyo psicológico y los recursos que pueden resultar más útiles. Un aspecto que resaltó el director general de Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad, Jesús Martin Blanco, quien agradecía que “estas guías pongan el foco en las mujeres con discapacidad porque son las que se enfrenten a los mayores obstáculos para acceder a la justicia” .

Profesionales preparados y preparadas

En el caso de los profesionales del ámbito judicial, el propósito de la guía dirigida a ellos/as es dotarles de orientaciones prácticas que faciliten su desempeño profesional, garantizando la accesibilidad de sus acciones para las mujeres con discapacidad visual o sordoceguera, velando por cumplir su derecho de acceso a la Justicia.

Para ello, la guía visibiliza las dificultades y obstáculos que habitualmente afrontan estas mujeres cuando desean ejercer su derecho de acceso a la Justicia, identifica las adaptaciones que resultan necesarias y aporta recomendaciones prácticas que garantizan la accesibilidad durante todo el proceso judicial. A juicio de Nuria Mateos “el personal tenemos que dar esa respuesta para que las mujeres con discapacidad se sientan atendidas, entendidas y escuchadas” .

En definitiva, pautas para el acompañamiento a las mujeres en los procesos judiciales, en caso de ser necesario por parte de profesionales como letrados/as, jueces/zas, gestores/as, tramitadores/as, personal del Cuerpo de Auxilio Judicial, fiscales, peritos judiciales o forenses, médicos/as forenses, miembros de los equipos técnicos (psicólogas/os, trabajadoras/es sociales, educadores/as), personal administrativo, traductores/as e intérpretes judiciales, jurados, policía judicial, abogados/as, etc. “Es una cuestión de todos -concluía la vicepresidenta de la ONCE- y debe llegar a toda la ciudadanía” .