Inclusión y equidad educativas, derecho esencial en la vuelta a clase de 1.118 estudiantes ciegos en Madrid
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Un total de 1.118 estudiantes ciegos y con discapacidad visual grave han afrontado en estos días en Madrid su #VueltaAlCole. Son parte de los 7.271 estudiantes ciegos y con discapacidad visual de toda España que inician este curso 2022-2023 en el que una de las claves es el comienzo de la implantación de la LOMLOE, la nueva ley de educación, en los cursos impares de Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado básico.
El preámbulo de dicha ley afirma que las medidas que establece tienen como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, “haciendo efectivo el derecho a la educación inclusiva como derecho humano para todas las personas, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008”. Asimismo, la educación de calidad inclusiva y para todos figura en el número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Un derecho por el que la ONCE ha trabajado desde los inicios de la Organización y que está presente en toda la labor que lleva a cabo en materia de educación.
Así, más del 99% de los casi 7.300 alumnos y alumnas ciegos o con discapacidad visual que se han incorporado a las aulas estos días lo han hecho en centros ordinarios, en un modelo de educación inclusiva con apoyo de los servicios de atención educativa de la ONCE. Esto quiere decir que este alumnado sigue las mismas pautas y directrices que el resto de compañeros sin discapacidad visual.
Según explica Ana María Llauradó, jefa de Atención Educativa de la ONCE, “educación inclusiva significa que no es el alumno el que debe integrase en el sistema educativo, sino que son el propio sistema educativo y sus diferentes programas los que deben transformarse para incluir a toda la diversidad de alumnos atendiendo a sus necesidades, intereses y capacidades”.
En este sentido, según Llauradó, la LOMLOE supone un gran aporte a la educación inclusiva “porque la reconoce no como una realidad a alcanzar, sino que la identifica como un derecho para todas las personas”.
La accesibilidad, clave
La accesibilidad es un aspecto fundamental para lograr esa inclusión deseada. Por ello, desde los diferentes grupos ACCEDO (Accesibilidad a Contenidos Educativos Digitales de la ONCE) se está en comunicación continua con las administraciones educativas, así como con las diferentes editoriales de material escolar, para lograr que tanto las plataformas como los contenidos sean accesibles a todo el alumnado.
Asimismo, el Servicio Bibliográfico de la ONCE garantiza la accesibilidad preparando libros de texto en braille y en sonido y materiales en relieve, de forma que los chicos y chicas se incorporan a las aulas con las mochilas llenas de tecnología accesible y de puntos en braille.
Equipos Específicos de Atención Educativa
Los Equipos Específicos de Atención Educativa a la discapacidad visual de la ONCE prestan un apoyo personalizado a los alumnos en sus centros educativos ordinarios, en base a los convenios de colaboración entre la ONCE y las diferentes administraciones educativas.
Estos equipos están formados un total de 417 maestros y maestras itinerantes, de los que 254 pertenecen a la ONCE y 163 los aportan las administraciones públicas. Los cursos pasados condicionados por la pandemia han supuesto un reto para adaptarse a un gran cambio metodológico, por lo que la ONCE ha intensificado su esfuerzo en formación en competencias digitales para este profesorado.
La tarea de los maestros y maestras que integran los Equipos Específicos de Atención Educativa consiste en valorar al alumnado y elaborar una propuesta de intervención aplicada individualmente. Esto requiere la coordinación con otros profesionales, además de los docentes, tanto pertenecientes a la ONCE (técnicos de rehabilitación, instructores en tiflotecnología y braille, psicólogos, pedagogos, monitores de ocio y tiempo libre o especialistas en áreas de especial dificultad), como adscritos a las administraciones (orientadores, maestros en pedagogía terapéutica, tutores de aula, etc.).
En función de las necesidades del alumnado, la atención prestada puede variar desde el seguimiento, asesoramiento y orientación al centro donde se escolarice el estudiante hasta una intervención directa con el alumnado para garantizar su inclusión dentro y fuera del aula.
Según la jefa de Atención Educativa de la ONCE, “los diferentes profesionales que componen estos equipos multidisciplinares realizan de forma coordinada y desde un enfoque transversal diversas acciones con toda la comunidad educativa, en materias como el ajuste a la discapacidad visual, el asesoramiento y formación a los profesionales de centros escolares o la atención a las familias. De este modo, se propicia el desarrollo integral del alumnado para que pueda seguir el currículo escolar de forma normalizada con el resto de compañeros”.
Tramos educativos
Durante este curso 2022/23, los 1.118 alumnos y alumnas ciegos y con discapacidad visual de la Comunidad de Madrid, entre los que se incluye el alumnado con sordoceguera u otras discapacidades asociadas a la visual, se reparten, por nivel educativo, de la siguiente manera: 203 escolares participan en la Educación Infantil; 240 están escolarizados en Educación Primaria; 159 han llegado a la Educación Secundaria Obligatoria; 39 cursan Bachillerato; 35 se preparan en la Formación Profesional; 145 se enfrentan a la Universidad; y 297 están inscritos en otro tipo de enseñanzas.
En cuanto a los datos generales, el reparto de los 7.271 alumnos y alumnas ciegos y con discapacidad visual, por nivel educativo, es: 1.205 en Educación Infantil; 1.491 en Educación Primaria; 1.064 en Educación Secundaria Obligatoria; 296 cursan Bachillerato; 417 se preparan en la Formación Profesional; 769 se enfrentan a la Universidad; y 2.029 están inscritos en otro tipo de enseñanzas.
En el resto de comunidades autónomas, el censo se distribuye así: Andalucía, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 1.768 estudiantes; Aragón, 214; Principado de Asturias, 133; Islas Baleares, 146; Canarias, 280; Cantabria, 74; Castilla-La Mancha, 311; Castilla y León, 347; Cataluña, 1.172; Extremadura, 140; Galicia, 333; La Rioja, 41; Región de Murcia, 315; Comunidad Foral de Navarra, 85; País Vasco, 146; y Comunidad Valenciana, 648.
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