La magnitud de la violencia contra las mujeres con discapacidad en la Comunidad de Madrid alcanza cifras alarmantes

Portada del informe

El 73,3% de las mujeres con discapacidad ha estado expuesta alguna vez en su vida a situaciones de abuso y violencia

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, ha presentado el primer estudio sobre la situación de la violencia de género contra las mujeres con discapacidad en la Comunidad de Madrid.

El acto de presentación contó con la presencia de la directora general de Igualdad y el director general de atención a las Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Reyes e Ignacio Tremiño; del presidente de CERMI Comunidad de Madrid, Óscar Moral; y la vicepresidenta y coordinadora del Área de Mujer de la Entidad, M.ª Teresa Gallego, junto a representantes de Entidades miembro de CERMI Comunidad de Madrid y mujeres con discapacidad que han colaborado en el estudio.

Foto de familia de los participantes en la presentación

El estudio, en el que han participado 101 mujeres con discapacidad integrantes de entidades de CERMI Comunidad de Madrid y 14 profesionales de ámbitos como: justicia y cuerpos y fuerzas de seguridad, de la Red de Atención Integral para la violencia de género de la Comunidad de Madrid, de servicios específicos de discapacidad y de atención a la salud y de atención directa a mujeres del ámbito asociativo; ha sido financiado por la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid, y ha contado con la colaboración de la Fundación CERMI Mujeres y de sus entidades miembro para su elaboración.

CERMI Comunidad de Madrid señala que, ante esta situación, se debe dar una respuesta institucional urgente.

Estudio del CERMI Madrid sobre violencia de género

Conclusiones 

Las mujeres con discapacidad experimentan múltiples situaciones de desigualdad por el hecho de ser mujeres, pero también por su situación de discapacidad. Este estudio ha sacado a la luz la violencia existente contra las mujeres con discapacidad residentes en la Comunidad de Madrid, además, aporta datos a una situación aún oculta en la que escasea la producción de información.

Un 82,2% de las mujeres con discapacidad encuestadas se han sentido discriminadas.

De las 101 mujeres que han participado, un 62,4% refieren haber vivido algún tipo de violencia de género en algún momento de la vida, en el ámbito de la pareja o expareja. Un 38,8% de mujeres han sido violadas en el contexto de su pareja.

Pero las mujeres con discapacidad están expuestas a otras formas de violencia, más allá del contexto de pareja o expareja, así, el 73,3% de las mujeres ha estado expuesta alguna vez en su vida a situaciones de abuso y violencia.

Este estudio ha puesto de manifiesto como la violencia sigue siendo un problema de salud pública y que también tiene la consecuencia de contribuir a la aparición de una discapacidad entre las mujeres. En un 11,9%, la discapacidad es sobrevenida como consecuencia de la violencia de género.

Propuestas de acción

Se deben poner en marcha campañas de prevención y concienciación, donde las mujeres con discapacidad se vean representadas en su heterogeneidad y diversidad, que vayan dirigidas expresamente a mujeres con discapacidad y esto contribuya a que ellas puedan identificar y detectar que algo pasa, y a su vez, contar con las propias mujeres que estuvieron expuestas a violencias, como referentes para otras mujeres.

Todos los recursos destinados a la detección, atención y prevención de la violencia de género deben ser accesibles a las necesidades de todas las mujeres con discapacidad, sea cual sea su discapacidad.

Es necesaria la creación de redes coordinadas entre profesionales del tejido asociativo del movimiento de la discapacidad y de los recursos institucionales de
atención y prevención de la violencia de género.

La formación debe ser transversal y extensiva a todos los profesionales de las distintas Redes. Además, se deben integrar en los procesos formativos a las entidades especializadas en discapacidad, a las familias y a las propias mujeres con discapacidad.

Se deben crear espacios para la atención integral a mujeres con discapacidad expuestas a violencias y poner de relevancia el papel de la persona facilitadora, formada para facilitar la comprensión en procesos judiciales.

Además, urge implementar en la Comunidad de Madrid la figura del/la asistente personal para mujeres con discapacidad, y, en especial, para mujeres con discapacidad víctimas de violencias, como un “derecho fundamental”, ya que promueve su independencia, su autonomía personal y favorece su empoderamiento.

Por último, señala que, además de la voluntad institucional para mejorar la atención y la protección a las víctimas, es clave la asignación presupuestaria.

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