La Plataforma del Tercer Sector de Madrid activa su ofensiva institucional para impulsar una Ley autonómica del Tercer Sector
La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid (PTSCM) ha iniciado una ronda de incidencia institucional al más alto nivel para impulsar la aprobación de una Ley Madrileña del Tercer Sector de Acción Social, una norma llamada a modernizar el modelo de políticas sociales, reforzar el diálogo civil y garantizar la estabilidad de las entidades que trabajan con las personas más vulnerables.
La Plataforma ha remitido formalmente su Proposición de Ley a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a los consejeros de Presidencia y de Políticas Sociales, al presidente de la Asamblea de Madrid y a los portavoces de los Grupos Parlamentarios (PP, Más Madrid, PSOE y Vox).
El texto propone un marco jurídico avanzado que reconoce al Tercer Sector como agente esencial de cohesión social, participación democrática y garantía de derechos, y establece un modelo estable de colaboración con las administraciones públicas.
Entre sus principales aportaciones destacan:
• La creación de un sistema estructurado de diálogo civil, con participación del Tercer Sector en todas las fases de las políticas públicas.
• La concertación social como fórmula prioritaria para garantizar estabilidad, calidad y continuidad en los servicios sociales.
• La obligación de elaborar una Estrategia autonómica cuatrienal del Tercer Sector, con financiación, indicadores y evaluación.
• El reconocimiento expreso de las pequeñas asociaciones y entidades comunitarias, incluyendo subvenciones específicas para su función cívico-política.
• La incorporación de evaluación de impacto social, transparencia y rendición de cuentas como ejes del sistema.
La propuesta también refuerza la colaboración en situaciones de emergencia, el voluntariado, la innovación social y la cooperación con empresas mediante mecenazgo y responsabilidad social.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, Mariano Casado, ha señalado que: “Esta ley permitiría a Madrid dar un salto de calidad en sus políticas sociales, reconociendo a las entidades sociales como aliadas estratégicas de lo público y garantizando que ningún territorio ni ninguna persona quede fuera”.
La Plataforma ha solicitado reuniones con todos los actores institucionales para presentar la proposición y abrir un proceso de diálogo político y social que permita convertirla en una iniciativa legislativa durante 2026.
